Universidad y transformación social: apuntes sobre sostenibilidad, decrecimiento, derechos animales y feminismo

Pablo Rodríguez  - Universídad

La Universidad pública ha sido históricamente impulsora de reformas sociales y, a veces, de grandes revoluciones. La Universidad puede (y debe) cuestionar los modelos hegemónicos de pensamiento, organización y funcionamiento social, y plantear cambios de paradigma. La Universidad dispone de gran diversidad de herramientas para llevar a cabo su labor transformadora, como son la docencia, la investigación, la creación de organismos universitarios especializados, o la realización de distintos tipos de actividades. El objetivo de esta entrada es intentar aportar algo de luz al debate sobre si las universidades públicas españolas, como instituciones, son agentes de innovación y cambio social en nuestro país. Para ello, me centraré en los siguientes temas: sostenibilidad, decrecimiento, derechos animales y feminismo.

 

Sostenibilidad y Decrecimiento

En la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992) se aprobó el Programa 21, un plan de Naciones Unidas para promover el desarrollo sostenible. Algunas universidades reaccionaron de forma rápida para incorporar el nuevo paradigma a sus instituciones. Un buen ejemplo es la Oficina Ecocampus, creada por la Universidad Autónoma de Madrid.

En el mismo año (1992), la Universitat Autònoma de Barcelona creó los estudios no oficiales en Ciencias Ambientales con el objetivo de formar profesionales con una visión global y multidisciplinar de la problemática ambiental, abriendo una grieta en el muro entre “ciencias y letras” que aún divide el sistema educativo español. Tan sólo unos años más tarde, estos estudios fueron reconocidos como oficiales y dieron lugar a la Licenciatura en Ciencias Ambientales (actual Grado en Ciencias Ambientales), que fue incorporándose a la oferta docente de muchas otras universidades españolas. Aunque la creación de estos nuevos estudios respondía a una necesidad social imperante, los ambientólogos (licenciados y graduados en Ciencias Ambientales) aún encontramos grandes barreras para llevar a cabo nuestra labor profesional; por ejemplo, no se nos reconoce en numerosas convocatorias de empleo público relacionadas con nuestra titulación. Esto evidencia que, tras más de 20 años, el resto de instituciones aún no han reaccionado de forma adecuada al cambio social impulsado por la Universidad pública española.

De forma más reciente y ya tras la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, se han ido creando carreras afines a la de Ciencias Ambientales, como el Grado en Ingeniería Ambiental que puede estudiarse en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y en la Universidad del País Vasco. De forma más innovadora, la UAB ha apostado por diseñar dos nuevos Grados en Territorio, Globalización y Sostenibilidad y en Gestión de Ciudades Inteligentes y Sostenibles.

A nivel institucional, la mayoría de las universidades españolas ya han incorporado a su discurso el concepto de desarrollo sostenible, aunque en numerosas ocasiones este discurso no se corresponde al terreno de las políticas universitarias. Además, la idea de desarrollo sostenible, de carácter reformador en 1992, resulta desfasada 26 años más tarde. Actualmente, algunos expertos señalan que, debido a los límites biofísicos de nuestro planeta, el crecimiento de países ricos como el nuestro no puede ser sostenible, y que la única apuesta real por la sostenibilidad es el decrecimiento económico.
¿Están las universidades públicas españolas defendiendo y promoviendo públicamente el decrecimiento? Desde 2014, la UAB (a través del Instituto de Ciencias y Tecnología Ambientales ICTA-UAB) organiza la escuela de verano sobre decrecimiento de forma anual, y ya en 2010 fue la anfitriona de un congreso internacional sobre decrecimiento. Otro ejemplo es la Universidad de Valladolid, que ha organizado varias actividades relacionadas con el decrecimiento como el curso “Limites del crecimiento: recursos energéticos y materiales” en 2011. A título más individual, algunos profesores e investigadores, como Jorge Riechmann y Carlos Taibo de la UAM o Ernest García de la Universitat de Valencia, estudian el decrecimiento y transmiten dicha teoría en su actividad docente. Sin embargo, la mayoría de las universidades españolas parecen aún reticentes a promover el decrecimiento a nivel institucional y, por tanto, a ser promotoras del cambio social en esta dirección, permaneciendo, de forma más cómoda, en el discurso del desarrollo sostenible.

Derechos animales

Similar a lo que ocurre con el decrecimiento económico, las universidades españolas no se han posicionado públicamente a favor de los derechos de los animales no humanos. Sin embargo, algunos profesores e investigadores universitarios sí están generando discursos alternativos al discurso hegemónico antropocentrista que comunican nuestras universidades, como son Marta Tafalla en la UAB u Oscar Horta en la Universidad de Santiago de Compostela.

En España, el cambio hacia una sociedad más respetuosa con el resto de animales ya está en marcha, gracias a una ciudadanía que muestra una creciente preocupación por los animales no humanos. Hace tan sólo unos meses, la Universidad de Salamanca suspendió el acto de presentación de la Cátedra de Estudios Interdisciplinares en Tauromaquia de Castilla y León debido a la presión de la sociedad civil. Parece ser que las universidades españolas, como instituciones públicas, están lejos de ser las líderes del cambio social necesario para el reconocimiento de los derechos de los animales no humanos.

Feminismo

En lo referido a feminismo, todas las universidades públicas españolas se manifiestan públicamente a favor de la igualdad de género. Algunas de nuestras universidades han contado con institutos especializados en feminismo desde hace décadas, llevando a cabo un papel relevante en el cambio social hacia la igualdad de género. Por ejemplo, la Universidad Complutense de Madrid creó el Instituto de Investigaciones Feministas en 1988, aunque sus orígenes se remontan a 1983, y la UAM fundó el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer (IUEM) en 1993, que tiene su origen en el Seminario de Estudios de la Mujer creado en 1979 por la misma universidad.

Desde 2007, todas las universidades están obligadas a tener entre sus estructuras una Unidad de Igualdad “para el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres” (Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Universidades). Estas unidades de igualdad no tienen como objetivo principal impulsar un cambio social, sino alcanzar la igualdad de género dentro de nuestras universidades. Sin embargo, los protocolos generados por estas unidades para frenar el acoso sexual son insuficientes y las estudiantes y trabajadoras de nuestras universidades siguen siendo víctimas de violencia de género dentro de estas instituciones (más información aquí, aquí y aquí). Además, al igual que en el resto de sectores laborales, existe el techo de cristal en la carrera académica y hay una baja preocupación por este problema dentro de la propia Universidad.
En cuanto a la actividad docente, en nuestro país existen varios estudios de postgrado sobre género e igualdad. Sin embargo, a diferencia de la oferta docente de otros países europeos y de fuera de la UE, España carecía de estudios de grado especializados en igualdad de género hasta hace tan sólo unos años. En 2010, la URJC fue pionera creando el primer Grado en Igualdad y Género de España, pero actualmente se encuentra en extinción. Más recientemente, la UAB ha apostado por crear un nuevo Grado en Estudios de Género.

Nota final

A pesar de que este es un análisis breve y parcial, este parece señalar que, si bien algunos profesores e investigadores universitarios están analizando y proponiendo cambios profundos en nuestra sociedad, nuestras universidades actuales, como instituciones, tienden a evitar la defensa de modelos de pensamiento alternativos al imperante, como pueden ser el decrecimiento económico o la defensa de los derechos de los animales. Incluso en el caso del feminismo, muchas de las universidades públicas españolas parecen haber comenzado a llevar a cabo políticas por la igualdad de género tras haber sido obligadas por ley y, aun así, estas son claramente insuficientes para alcanzar un estado de igualdad de género dentro de las universidades. Además, la apuesta de algunas universidades por la creación de nuevos estudios de Grado parece dificultada por la insuficiente financiación y por las barreras que los titulados se encuentran al terminar los nuevos estudios. Deberíamos preguntarnos, ¿queremos que la Universidad pública española sea una institución capaz de impulsar el cambio en nuestra sociedad?