Políticas municipales decrecentistas

Luis González Reyes – El salmón contracorriente

El decrecimiento se podría resumir como el movimiento tendente a acoplar la actividad de las sociedades a los recursos disponibles en un determinado territorio de manera que las necesidades humanas estén cubiertas de forma universal y sostenible en el tiempo.

En el contexto español, el decrecimiento significa, al menos, dos cosas: reducción del consumo de materia y energía, y redistribución de la riqueza. El primero de los factores ya está ocurriendo parcialmente (es especialmente patente el descenso del consumo de petróleo). Y el consumo se reducirá aún más como consecuencia del colapso del capitalismo global que está sucediendo y que será especialmente duro en nuestro contexto [1]. Sin embargo, esta reducción no puede calificarse de decrecimiento justo. Por una parte no se está realizando con una reordenación del modelo de producción y consumo. Menos aún se está cambiando el sistema económico, por lo que la degradación ambiental está aumentando en lugar de disminuir. Se actúa como si estuviésemos todavía en un “mundo vacío”, cuando nuestro entorno está “saturado”. Este descenso del consumo dista mucho de ir por buen camino por un segundo factor: en lugar de avanzar hacia sociedades más igualitarias, está agravando las brechas de desigualdad.

Acoplar el metabolismo humano a los condicionantes biofísicos del entorno pasa por reducir el consumo de materia y energía, lo que requiere medidas que, además de disminuir la extracción de recursos bióticos y abióticos, maximice la reutilización y el reciclaje, centre la economía en lo local, y obtenga la energía de fuentes solares. También implica ensanchar el espacio de fuentes disponibles a largo plazo mediante una economía basada en biocompuestos, más que en la minería. Además, requiere superar el “mundo saturado”, recuperando una biosfera que vuelva a permitir tener margen de error a las sociedades dejando territorios no humanizados, que deshaga el camino andado en el Antropoceno hacia una era en la que el conjunto del planeta no esté fuertemente condicionado por el ser humano.

Los cambios de gran calado que van a ser necesarios para avanzar hacia un decrecimiento justo solo podrán ser impulsados por la autoorganización social. Sin embargo, eso no quiere decir que las instituciones actuales no puedan ayudar a catalizar esos cambios. Muchas de las competencias políticas para favorecer este decrecimiento justo residen en ámbitos supraestatales (UE, OMC, TLC); otras, en niveles estatales; pero desde las comunidades autónomas y desde los municipios se pueden hacer también muchas cosas. Sin ánimo de agotarlas todas, ni de anular otras, presentamos algunas propuestas.


Desde el ámbito local se puede favorecer el cierre de ciclos

1. Políticas de reducción de los residuos. Entre otras estarían las de disminución del envasado mediante medidas de apoyo de la venta a granel o sistemas de devolución y retorno de envases.

2. Impulsar formas de compartir recursos en lugar de usarlos de forma privada. Esto es aplicable al transporte, las lavadoras, y muchos otros objetos, no solo a los libros de una biblioteca.

3. Introducción de la recogida selectiva de materia orgánica mediante medidas como el puerta a puerta o el quinto contenedor, que están teniendo resultados muy buenos en pequeños municipios (por ejemplo del País Vasco) y grandes (como es el caso de Milán).

El entorno cercano es el lugar idóneo para promover un modelo alimentario sostenible

 

4. Impulsar dietas poco carnívoras, y basadas en alimentos de temporada, de cercanía y de cultivo agroecológico. Los municipios, además de mediante ordenanzas y la política fiscal, pueden impulsar esto en los espacios de restauración colectiva que controlan (escuelas infantiles, centros de personas mayores, hospitales). También favoreciendo la creación de grupos de consumo mediante la cesión de espacios y recursos personales y materiales para ello.

El municipio y la comunidad autónoma puede procurar una ordenación del territorio con perspectiva ecosistémica

 

5. Planificación y ejecución de un urbanismo de cercanía, es decir, acercar los servicios que las personas necesitan para lograr que la mayoría de los desplazamientos se puedan hacer andando. Experiencias de este tipo ya existen, por ejemplo en Friburgo.

6. Rehabilitación del parque residencial con el fin de conseguir una drástica reducción del consumo energético.

7. Fomento del alquiler frente a la construcción de nueva vivienda, incluyendo el impulso a cooperativas de derecho de uso. Esto supone cambiar la lógica de propiedad privada, inherente al capitalismo.

8. Disminución de espacio en las ciudades para los coches en beneficio del transporte público, la bicicleta y el peatón. Especialmente urgente es la moratoria en la construcción de más infraestructuras de transporte (autovías, superpuertos, aeropuertos, alta velocidad) en las que hay competencias a nivel autonómico.

9. Puesta en marcha políticas de reconexión entre los mundos rural y urbano encaminadas a una “rerruralización” social. Un buen compendio de esas políticas es la elaborada en el reciente Congreso Internacional de Economía Solidaria. Entre muchas otras, desempeña un papel determinante la recalificación de terrenos urbanos en rústicos.

10. Leyes de protección del territorio encaminadas a frenar el extractivismo y la degradación ambiental, así como la liberación de transgénicos y compuestos tóxicos. En este ámbito ser podría seguir la estela de las zonas libres de transgénicos o de fracking.



En el entorno cercano y de pequeña escala es posible potenciar las industrias verdes:

11. Fomento del desarrollo de polos industriales basados en la ingeniería y química verde. Este modelo produce bienes biodegradables con un bajo consumo energético, sin usar compuestos tóxicos en el proceso y en los que los residuos de unos procesos se convierten en materias primas de otros.

12. Medidas de aumento de la eficiencia en todos los campos, teniendo en cuenta que son necesarias, pero no suficientes. Esto implicará la inversión pública para este fin.

13. Priorizar en los concursos y compras públicas las empresas respetuosas con el medioambiente y la justicia social.

El municipio es un lugar privilegiado para fomentar el uso de la energía justa, de origen solar y gestionada democráticamente

 

14. Las administraciones pueden sumarse a las iniciativas que desarrollan las energías renovables a pequeña escala y de forma cooperativa.

15. Impulsar y sufragar estudios de adecuación energética.

16. Profundización de las ordenanzas municipales de impulso de la instalación de energías renovables en viviendas y espacios públicos.

17. Propiciar la bioconstrucción, en caso de que se requiriera construir nuevos edificios.

18. Poner en marcha una Ley de Cambio Climático encaminada a la estabilización de la concentración de CO2 a nivel planetario en 350 ppm mediante medidas de reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Los circuitos cortos, propios del municipio y la comunidad autónoma, son favorables a la economía local, ecológica y solidaria

 

19. Impulso a la creación de monedas locales que centren la economía en el territorio cercano. Estas monedas ya existen en muchas ciudades y, además, hay experiencias de impulsos municipales, como es el caso del SOL Violette, lanzado en Toulouse por la ciudadanía con la ayuda del ayuntamiento.

20. Incentivar la economía solidaria y ecológica reorientando profundamente las políticas de fomento del emprendimiento.

21. Reforma tributaria de manera que se pague en función de la renta, y del consumo de materia y energía.

22. Políticas de precios (del agua por ejemplo) que no solo penalicen el despilfarro, sino que incorporen criterios de justicia, a la vez que garantizan el acceso básico al recurso.

23. Realizar auditorías ciudadanas a la deuda pública, y abolir las ilegítimas y odiosas, ya que la deuda es uno de los principales motores del crecimiento.

24. Disminuir incentivos al consumo. Un ejemplo sería la limitación y el control de la publicidad. Como poco, las administraciones municipales y autonómicas podrían reducir el espacio público dedicado a ella.

25. Incentivar el consumo de productos de cercanía mediante medidas como los sellos propios.

26. Luchar contra la firma de cualquier nuevo tratado de libre comercio.

27. Fomento de la agricultura ecológica, el transporte público, las energías renovables, etc., como sectores que crean más empleo que sus actuales contrapartes sucias.

28. Medidas encaminadas al reparto del trabajo productivo (como incentivos fiscales a las empresas que pongan en marcha una jornada laboral de 35 horas) y reproductivo (por ejemplo, mediante campañas de puesta en valor de las tareas de cuidados).

En el ámbito autonómico residen muchas de las competencias en materia de educación para la sostenibilidad, pues son ellas las que concretan el currículo marcado por el Ministerio

 

29. Inclusión en los currículos oficiales de contenidos críticos, que atiendan al medioambiente, la igualdad de género, la interculturalidad y la democracia desde la base. Todo ello debe hacerse de forma transversal y explícita en el trabajo de aula.

30. Subvención de iniciativas de creación de materiales curriculares (libros de texto, unidades didácticas, material complementario) elaborados desde una perspectiva decrecentista.

31. Impulsar y destinar recursos económicos, legislativos y personales a apoyar metodologías de enseñanza-aprendizaje inclusivo y democrático, como, por ejemplo, las comunidades de aprendizaje.

Muchas de estas políticas es probable que tengan el visto bueno del grueso de la ciudadanía, sobre todo si se explican bien y se sitúan en el contexto de crisis sistémica del que surgen. Sin embargo, otras contarán con un importante rechazo de parte de la población. Para superar ese rechazo harán falta dos cosas. La primera serán movimientos sociales fuertes que las empujen mediante su movilización y la creación de estructuras sociales que permitan una vida digna a las personas en sintonía con las necesidades decrecentistas. La segunda es avanzar hacia la democratización social, entendiendo que la manera más eficiente de llevar a cabo cambios profundos a nivel social es que las personas sean protagonistas de estos cambios, no articulaciones verticales.