El sector del transporte fue el sector más damnificado, con una pérdida muy sensible en el parque automotriz que condujo a sustanciales estrangulamientos y distorsiones en el mercado interior, cuestión visible en lo referente a los ferrocarriles. Sin embargo, el patrimonio industrial y el agrario sufrieron con menor intensidad las consecuencias del conflicto.
El control de la economía por parte del Estado generó una corrupción ilimitada y estructural en el que podían encontrar acomodo los negociantes de los mecanismos autárticos y, con ello, la creación de nuevas fortunas y clases de lujo vinculadas a la dictadura política. El pequeño estraperlo, vital para la subsistencia de los sectores sociales más débiles, actuó de legitimador de las grandes operaciones estraperlistas: desde el tráfico de divisas hasta el trasiego con licencias de importación , pasando con las facilidades, discrecionalmente concedidas para reconstruir zonas devastadas y el mercado negro a gran escala de productos alimentarios. En 1943 el 30% de la cosecha fue desviado al mercado negro. Como símbolo de todo el conjunto, las cartillas de racionamiento perduraron hasta 1951.
En el plano agrario, la situación ha sido calificada muy negativamente por la mayoría de los especialistas. Si comparamos los datos de 1939 y 1950 resalta la disminución de la producción agraria en términos absolutos y per capita. La producción de trigo en el periodo 1931-1935 se había elevado a 4364 millones de toneladas, cayó en el quinquenio 1940-1944 a 3206 toneladas para alcanzar su mínimo en el quinquenio siguiente 1945-1949, en 3177 toneladas métricas. Este descenso de la producción agraria dibujó una crisis alimentaria de máxima intensidad.
La ausencia de divisas disminuyó estas fuentes de aprovisionamiento y también los embargos de petróleo provocados por la política pro Eje durante la guerra. Las restricciones elécticas, que fueron más apreciables a partir de 1944, ponían de manifiesto la penuria del sector. La renta per cápita solo alcanzó los niveles de preguerra a partir de 1952.
En el bienio 1941-1942, un equipo bajo la dirección del doctor Jiménez Díaz investigó la alimentación de una muestra de más de 700 familias del Puente de Vallecas de Madrid. La conclusión fue que los niveles calóricos medios representaban entre el 57,3 y el 79,9% de las necesidades mínimas. Una alimentación baja en calorías que llevaba a los investigadores a declarar:
“Hemos supuesto que el pan era de composición normal, cosa que no siempre ocurrió, y que la leche merecía el nombre de tal. La comprobación del consumo de ciertos productos con los datos oficiales del abastecimiento fracasó por cuanto muchas de las familias de los grupos más pobres venden el pan, y sobre todo, el aceite y el azúcar para comprar luego otros alimentos de menos valor”.
Para saber más: Historia de España del siglo XX coordinada por Jesús A. Martinez
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